Motos en Bogotá y la Sabana, mega reto regional / Opinión

La publicación de este diario el pasado domingo evidenció la magnitud que está tomando el parque de motocicletas en la Región Bogotá-Sabana, el cual se está convirtiendo en mayoritario, tal como ha ocurrido a nivel nacional, donde las motos representan el 60% de más de 18 millones de vehículos.

Como ha ocurrido en otros temas de transporte urbano en Colombia, es posible que las orientaciones de políticas públicas para el uso sostenible de las motocicletas provengan más de las administraciones locales que, del ejecutivo o legislativo nacional, como ha sido el caso de Bogotá y Medellín quienes han orientado o inspirado buena parte de las medidas nacionales en materia de transporte urbano.

Medellín y el Valle de Aburra, han enfrentado los efectos del uso de la moto muchos años antes que la capital y el resto del país, realizando acciones significativas para disminuir la exposición al riesgo, la congestión y la contaminación relacionada. Entre estas medidas, se ha implementado una restricción tipo pico y placa regional para motos; limitaciones de circulación en contingencias ambientales; y señalización horizontal especial para motos con fines de mejorar su adherencia.

Son muy grandes los desafíos impuestos por la masificación del uso de la moto en la Región Bogotá-Sabana, estos plantean la urgencia de una verdadera política pública regional, para la cual, será indispensable una madurez técnica y responsabilidad política para enfrentar los retos que representan las motos en cuestiones sociales, económicas, ambientales, culturales, institucionales, técnicas, e incluso metodológicas.

En la medida en que la mayor parte de motos, de quienes viven y circulan en Bogotá, están registradas en la Sabana 64,4%, existe un desafío gigantesco de gobernanza para gestionar la redistribución de los recursos económicos generados por más de medio millón de motos en pagos directos e indirectos en matrículas e impuestos anuales, los cuales deja de percibir el Distrito, pero a la vez asume los costos de circulación y control de más de un millón de motos en la capital.

La prioridad debe ser la protección de la vida de motociclistas, acompañantes y sobre todo de niñas, niños, y adolescentes entre 16 y 17 años. En este sentido, sería útil mejorar e intensificar los controles, usar tecnologías y actualizar de manera urgente el IPAT Informe Policial de Accidentes de Tránsito, para mejorar la recolección de datos de muertes y especialmente lesionados en siniestros viales, los cuales a pesar de los esfuerzo y avances, están muy fragmentados e incompletos, ya que no incluyen nuevos vehículos y usos, como scooters, patinetas, ciclomotores, motocarros, mototaxis y triciclos motorizados, además usos relacionados con los aplicativos digitales de domicilios, los cuales incitan a mayores velocidades entre sus repartidores.

Bogotá, su región y el país, requieren un trabajo articulado de múltiples actores en pos de la protección de la vida en las vías, este exige la formulación de políticas públicas de seguridad vial distritales, regionales y nacionales con base en un amplio dialogo entre organizaciones promotoras de la seguridad vial, grupos de usuarios; actores económicos de la cadena productiva de la moto; poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Este es un reto descomunal, dónde Bogotá podría seguir mostrando el camino a todo el país.

Fuente: https://www.eltiempo.com/bogota/opinion-828304