Pese a que ya fueron radicados en esta legislatura, dos proyectos que buscan proteger la vida de los menores de edad en siniestros viales con motocicletas aún están a la espera del primer debate en el Congreso de la República.
Uno de estos es el Proyecto de Ley del Sistema de Sanción por Puntos y Licenciamiento Gradual, del representante a la Cámara Daniel Carvalho, que fue construido con el acompañamiento técnico de Conduce a 50 vive al 100 (iniciativa de la Universidad de los Andes), la fundación Ciudad Humana y de Darío Hidalgo, profesor de transporte de la Universidad Javeriana.
El otro proyecto que está a la espera de su primer debate fue presentado por el senador Manuel Virgüez y busca establecer la seguridad vial de los motociclistas como una política de Estado.
La urgencia de ambos proyectos fue un tema de conversación en el foro ‘Menores de edad y motocicleta, víctimas invisibles’, organizado por Ciudad Humana, que se desarrolló en el centro cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá, de 8:00 a.m. a 12:00 m. de hoy.
En este mismo foro se compartieron cifras que dejan un panorama desolador para la siniestralidad infantil. Ciudad Humana presentó un estudio que comprende un periodo de 14 años, desde 2009 hasta 2023. En este lapso de tiempo, más de 3.000 niñas, niños y adolescentes murieron en un evento de tránsito cuando se movilizaban en una motocicleta.
El mismo informe detalló que más del 56 por ciento de esos menores de edad que fallecieron en las vías en una motocicleta iban conduciendo, incluso desde muy temprana edad.
Entre 2009 y 2023, 498 menores de 16 años perdieron su vida en una muy temprana iniciación de la conducción de una moto. Aunque el grupo etario con mayores fatalidades fueron los jóvenes entre 16 y 17 años. Se registraron, en este periodo, 1.277 muertes de adolescentes que iban al volante de una motocicleta.
Precisamente, este dato revela que pese a que desde los 16 años se puede acceder a una licencia de conducción hay algo que está fallando porque son estos menores los que más han muerto en las vías.
En este sentido, Carvalho resaltó que cuando se habla de menores de edad en motocicleta se deben tener en cuenta los grupos etarios.
Por ejemplo, considera que los menores de 0 a 10 años no deberían movilizarse en motocicleta y, para los de 10 a 15 años, se debería hacer un énfasis en la responsabilidad de los propietarios de la moto o padres de menor del menor ya que hay una cantidad significativa de fallecidos en esta edad que conducían el vehículo de dos ruedas.
Para los de 16 a 17 años, que sí es legal que accedan a una licencia, la propuesta del Proyecto de Ley contempla mayores restricciones para otorgar este documento.
“Para este último grupo etario, que tiene un porcentaje alto de fallecidos, se propone una licencia de aprendizaje por dos años que impone cuatro restricciones: no pueden conducir motos con un cilindraje de más de 125 cc; no pueden viajar con parrillero, no pueden conducir en vías intermunicipales y no deben conducir en altas horas de la noche y madrugada. El horario permitido sería de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.”, explicó el representante a la Cámara.
Las horas, de hecho, representan un aspecto importante desde el punto de vista técnico, ya que la mayor parte de los menores de edad fallecieron en siniestros con motocicletas durante la noche. El estudio de Ciudad Humana expone que el rango de hora más crítico ha sido desde las 6:00 p.m. hasta las 2:59 a.m.
“En este periodo se registraron el 52 por ciento de los casos documentados. Dentro de estas víctimas, el 79 por ciento tenía entre 14 y 17 años y el 56 por ciento eran conductores”, precisa el estudio.
Seguridad vial como política de Estado
En cuanto al proyecto que busca establecer que la seguridad vial de los motociclistas sea vista como una política pública, el senador Virgüez explicó que esto permitirá que todas las entidades se comprometan en trabajar por la seguridad vial.
Por ejemplo, uno de los vacíos que señaló el congresista es la falta de información y datos técnicos para poder tomar decisiones.
“Al establecer una política de Estado se busca que haya gobernabilidad, que todas las entidades que están en este proceso recurren al tema de seguridad vial para el caso de motociclistas. Es un tema que le compete a toda la población y se necesita incorporar la política pública de seguridad vial de manera integral y de desarrollo urbano, se necesita compromiso del sector público y privado para promover la toma de decisiones basadas en evidencia científica”, precisó el legislador.
Además, Virgüez dijo que incluirán en el proyecto las cátedras de seguridad vial en los colegios para que, al graduarse, el diploma incluya un sello de aprobación de estos cursos.
“Esta cátedra debe incluir normas básicas para que cuando los jóvenes salgan de la tutela de sus padres sean actores viales con educación y conciencia”, afirmó.
Retos en zonas de difícil acceso
Otro de los retos que expusieron los panelistas del foro es la implementación de las normas existentes en lugares de difícil acceso del territorio nacional.
Se siente un olvido nacional. Hacemos un llamado hoy a las instituciones del orden nacional para que pongan los ojos en la población de Tumaco. La ciudadanía aclama mejoras en la infraestructura vial.
Lina Huari, asesora del despacho del Viceministerio de Transporte, expuso que, desafortunadamente, hay sitios en Colombia en los que no se puede aplicar ninguna norma de transporte.
En lo corrido de este año, señaló Huari, se han autorizado 14 zonas diferenciales de transporte en el país. Lo que significa que en estos lugares no se puede hacer cumplir la normatividad vigente en relación al Código de Tránsito.
Según explicó la experta, hay una lista de municipios que solicitan ese reconocimiento por las complejidades de sus territorios, en donde el mototaxismo es la opción laboral que tiene la mayoría de los ciudadanos.
Otro reto de los pequeños municipios está asociado a la infraestructura vial. La secretaria de movilidad de Tumaco, Mónica Riascos Villareal, hizo un llamado a las autoridades nacionales durante el foro que lideró Ciudad Humana en Bogotá.
“Se siente un olvido nacional. Hacemos un llamado hoy a las instituciones del orden nacional para que pongan los ojos en la población de Tumaco. La ciudadanía aclama mejoras en la infraestructura vial. Hay un problema enorme con las vías principales”, expresó.
Riascos aseveró que en el municipio solo hay una vía que conecta la zona de ingreso con el centro del municipio y un solo puente que no tiene condiciones óptimas.
“Le enviamos una solicitud también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que nos ayuden con tecnología para hacer control en el municipio y tampoco hemos tenido una respuesta favorable”, reclamó la secretaria de tránsito del municipio nariñense.
Tumaco es uno de los municipios del país que enciende las alarmas porque pese a ser muy pequeño, está dentro de los cinco que más fatalidades en siniestros viales registra a nivel nacional.
Aunque en agosto, según contró Riascos, no se registró ni una sola muerte por eventos de tránsito, en el primer semestre de este año se incrementaron los casos. Hubo 13 personas más muertas en siniestros en comparación con el mismo periodo de 2023.
Así que, el llamado que pide este municipio es que el Gobierno Nacional pueda aportar recursos para implementar tecnología para hacer control, mejore la infraestructura vial y se implementen rutas escolares para proteger a las niñas, niños y adolescentes que hoy no tienen otra opción de movilidad distintas a las motocicletas y que gran parte de ellos está muriendo en las vías.
Otras de las grandes conclusiones de este panel es el llamado que hicieron los participantes para que haya una fuerte articulación interinstitucional para una prestación efectiva de servicios a las víctimas de siniestros y la protección de los menores de edad. Así mismo, los técnicos resaltaron que es importante crear, explorar y escalar alternativas de movilidad segura y sostenible que sustituyan el uso de las motos en todos las regiones (entendiendo las diferencias socioeconómicas y territoriales).
Por último, el gran reto que expusieron es la necesidad de que Gobierno, sociedad civil y técnicos en seguridad vial continúen abriendo discusiones que permitan crear un instrumento normativo sólido que proteja la vida de las niñas, niños y adolescentes.
*Este artículo se realizó en colaboración con la coalición civil por la seguridad vial. Todas las muertes en las vías son prevenibles. Es inaceptable que en Colombia mueran más de 8.000 personas al año. #NadieNaceParaMorirEnLaVía
